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Cambios

sen resumo de edición
 
==TÍTULO IV: Las Cortes ==
'''{{ArtículoArtigo|51}}'''
 
La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.
 
'''{{ArtículoArtigo|52}}'''
 
El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.
 
'''{{ArtículoArtigo|53}}'''
 
Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral.
Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso. Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes, habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días, como máximo, después de la elección. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente.
 
'''{{ArtículoArtigo|54}}'''
 
La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su retribución.
 
'''{{ArtículoArtigo|55}}'''
 
Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
 
'''{{ArtículoArtigo|56}}'''
 
Los Diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.
 
'''{{ArtículoArtigo|57}}'''
 
El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior.
 
'''{{ArtículoArtigo|58}}'''
 
Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de Febrero y Octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses en el primer periodo y dos en el segundo.
 
'''{{ArtículoArtigo|59}}'''
 
Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido, dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.
 
'''{{ArtículoArtigo|60}}'''
 
El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.
 
'''{{ArtículoArtigo|61}}'''
 
El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto, acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo.
En ningún caso podrá autorizarse, en esta forma, aumento alguno de gastos.
 
'''{{ArtículoArtigo|62}}'''
 
El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta, como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica.
4. De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución.
 
'''{{ArtículoArtigo|63}}'''
 
El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sean Diputados.
No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.
 
'''{{ArtículoArtigo|64}}'''
 
El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros.
Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura.
 
'''{{ArtículoArtigo|65}}'''
 
Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquellos se disponga.
La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.
 
'''{{ArtículoArtigo|66}}'''
 
El pueblo podrá atraer a su decisión mediante "referéndum" las leyes votadas por las Cortes. Bastará, para ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
 
==TÍTULO V: Presidencia de la República ==
'''{{ArtículoArtigo|67}}'''
 
El Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación.
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el periodo de su magistratura.
 
'''{{ArtículoArtigo|68}}'''
 
El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de Diputados.
Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de garantías Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios.
 
'''{{ArtículoArtigo|69}}'''
 
Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
 
'''{{ArtículoArtigo|70}}'''
 
No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas.
 
'''{{ArtículoArtigo|71}}'''
 
El mandato del Presidente de la República durará seis años.
El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su anterior mandato.
 
'''{{ArtículoArtigo|72}}'''
 
El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y a la Constitución. Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo periodo presidencial.
 
'''{{ArtículoArtigo|73}}'''
 
La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial.
 
'''{{ArtículoArtigo|74}}'''
 
En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le sustituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será sustituido en las suyas por el Vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el ArtículoArtigo 68, y se celebrará dentro de los treinta siguientes a la convocatoria.
 
A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun estando disueltas, conservan sus poderes.
 
'''{{ArtículoArtigo|75}}'''
 
El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza.
 
'''{{ArtículoArtigo|76}}'''
 
Corresponde también al Presidente de la República:
 
a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del ArtículoArtigo siguiente, y firmar la paz.
 
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo con las leyes y los reglamentos.
Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República suscribirá la ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.
 
Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículoArtigo 18 del Pacto de la Sociedad, a los efectos que en él se previenen.
 
Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no obligarán a la Nación.
 
'''{{ArtículoArtigo|77}}'''
 
El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.
 
'''{{ArtículoArtigo|78}}'''
 
El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial, votada por mayoría absoluta.
 
'''{{ArtículoArtigo|79}}'''
 
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.
 
'''{{ArtículoArtigo|80}}'''
 
Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República. Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional, y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia.
 
'''{{ArtículoArtigo|81}}'''
 
El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno.
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días. En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
 
'''{{ArtículoArtigo|82}}'''
 
El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato. La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones.
Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.
 
'''{{ArtículoArtigo|83}}'''
 
El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.
Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a promulgarlas.
 
'''{{ArtículoArtigo|84}}'''
 
Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un Ministro.
Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse.
 
'''{{ArtículoArtigo|85}}'''
 
El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.
{{Constitución de la República Española de 1931}}
==TÍTULO VI: Gobierno ==
'''{{ArtículoArtigo|86}}'''
 
El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.
 
'''{{ArtículoArtigo|87}}'''
 
El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art. 70 para el Presidente de la República.
A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes Departamentos ministeriales.
 
'''{{ArtículoArtigo|88}}'''
 
El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera.
 
'''{{ArtículoArtigo|89}}'''
 
Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes. Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada.
 
'''{{ArtículoArtigo|90}}'''
 
Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento; dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria, y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
 
'''{{ArtículoArtigo|91}}'''
 
Los miembros del Consejo responden ante el Congreso solidariamente de la política del Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.
 
'''{{ArtículoArtigo|92}}'''
 
El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.
En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine.
 
'''{{ArtículoArtigo|93}}'''
 
Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes.
{{Constitución de la República Española de 1931}}
==TÍTULO VII: Justicia ==
'''{{ArtículoArtigo|94}}'''
 
La justicia se administra en nombre del Estado.
Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley.
 
'''{{ArtículoArtigo|95}}'''
 
La Administración de justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán reguladas por las leyes.
Quedan abolidos todos los Tribunales de honor, tanto civiles como militares.
 
'''{{ArtículoArtigo|96}}'''
 
El presidente del Tribunal Supremo será designado por el jefe del Estado, a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
El ejercicio de su magistratura durará diez años.
 
'''{{ArtículoArtigo|97}}'''
 
El presidente del Tribunal Supremo tendrá, además de sus facultades propias, las siguientes
El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.
 
'''{{ArtículoArtigo|98}}'''
 
Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.
 
'''{{ArtículoArtigo|99}}'''
 
La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
 
'''{{ArtículoArtigo|100}}'''
 
Cuando un Tribunal de justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales.
 
'''{{ArtículoArtigo|101}}'''
 
La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder.
 
'''{{ArtículoArtigo|102}}'''
 
Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte.
En los delitos de extrema gravedad, podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.
 
'''{{ArtículoArtigo|103}}'''
 
El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.
 
'''{{ArtículoArtigo|104}}'''
 
El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de justicia.
 
'''{{ArtículoArtigo|105}}'''
 
La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales.
 
'''{{ArtículoArtigo|106}}'''
 
Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinen las leyes.
 
==TÍTULO VIII: Hacienda pública==
'''{{ArtículoArtigo|107}}'''
 
La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.
Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.
 
'''{{ArtículoArtigo|108}}'''
 
Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículoArtigo ni capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.
 
'''{{ArtículoArtigo|109}}'''
 
Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido.
 
'''{{ArtículoArtigo|110}}'''
 
El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para su vigencia, la promulgación del jefe del Estado.
 
'''{{ArtículoArtigo|111}}'''
 
El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.
 
'''{{ArtículoArtigo|112}}'''
 
Salvo lo dispuesto en el artículoArtigo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.
 
Las autorizaciones al Gobierno en este respecto se limitarán, cuando así lo estimen oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.
 
'''{{ArtículoArtigo|113}}'''
 
El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra. En consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.
 
'''{{ArtículoArtigo|114}}'''
 
Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos:
Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos.
 
'''{{ArtículoArtigo|115}}'''
 
Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.
No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas en las leyes.
 
'''{{ArtículoArtigo|116}}'''
 
La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.
Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.
 
'''{{ArtículoArtigo|117}}'''
 
El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses.
 
'''{{ArtículoArtigo|118}}'''
 
La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.
 
'''{{ArtículoArtigo|119}}'''
 
Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes normas:
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República. Del resultado de esta censura conocerán las Cortes.
 
'''{{ArtículoArtigo|120}}'''
 
El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.
 
==TÍTULO IX: Garantías y reforma de la Constitución==
'''{{ArtículoArtigo|121}}'''
 
Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de